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INC SA C/ MUNICIPALIDAD DE GRAL SAN MARTIN S/ PROCESO SUMARIO DE ILEGITIMIDAD - OTROS JUICIOS

La Cámara de San Martín confirmó la validez del acto administrativo y redujo la multa impuesta a INC S.A. La decisión se fundamenta en que la resolución administrativa está debidamente motivada y la sanción es proporcional y fundada en parámetros legales.

Multa Defensa del consumidor Proporcionalidad Infraccion Publicidad enganosa Sancion administrativa Normativa provincial Validez del acto Ley 24.240 Proceso sumario

¿Qué se resolvió en el fallo?

La actora, INC S.A., solicita la nulidad de la resolución del 29/11/2022 que le impuso una multa de $1.000.000 por infracciones a los arts. 4 y 8 de la Ley 24.240, relacionadas con diferencias de precios en productos en su local de Villa Ballester. Argumenta que la resolución carece de causa y motivación, y que las infracciones no corresponden a la normativa aplicable. La Municipalidad de San Martín, en defensa, sostiene que la resolución es válida y que la multa resulta proporcional y fundada en la documentación administrativa, que demuestra incumplimientos en la exhibición y publicidad de precios. El tribunal analiza la normativa aplicable, destacando que el proceso sumario de ilegitimidad busca determinar la validez o invalidez del acto impugnado, y que la resolución administrativa está debidamente motivada, con fundamento en que la empresa incumplió las obligaciones de información y publicidad establecidas en la Ley 24.240 y la normativa provincial complementaria. Se considera que la diferencia de precios en los productos y la falta de documentación de descargos justifican la sanción. Respecto a la graduación de la multa, el tribunal concluye que el monto de $1.000.000 se encuentra dentro de los parámetros legales, proporcional a la gravedad de la infracción y las circunstancias del caso. La alegación de desproporcionalidad no fue acreditada por la demandante. La resolución administrativa, por tanto, es legítima y la sanción razonable. Se rechaza la demanda y se confirman la validez del acto administrativo y la multa impuesta. Las costas del proceso son soportadas por la parte actora vencida. Fundamentos principales: "La actividad discrecional de la Administración no es absoluta y debe estar fundada en norma jurídica. La resolución impugnada se encuentra debidamente motivada, y la multa de $1.000.000 resulta proporcional y fundada en los parámetros establecidos en la ley." Además, "la diferencia de precios en los productos exhibidos y cobrados, junto con la falta de descargo, justifican la sanción."

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