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JOGLAR DAMIAN ANDRES C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - EMPL.PUBLICO

La sentencia reconoce el derecho del actor a diferencias en el pago del subsidio por lesiones en acto de servicio, invalidando la limitación del decreto reglamentario, y ordena el pago de diferencias con intereses. La decisión se fundamenta en la inconstitucionalidad del artículo 3 del decreto n° 149/10, por exceder la potestad reglamentaria, ajustándose a la normativa constitucional y legal.

Recurso de apelacion Intereses moratorios Indemnizacion por lesiones Diferencias de pago Inconstitucionalidad decreto reglamentario Normativa reglamentaria Ley 13.985 Subsidio policial Inconstitucionalidad articulo 3 del decreto 149/10 Derecho a diferencias

¿Qué se resolvió en el fallo?

El actor, Damian Andres Joglar, demanda a la Provincia de Buenos Aires reclamando el pago retroactivo de subsidios por lesiones en acto de servicio desde el 18/01/2017 hasta la fecha en que se le otorgó el alta, con base en la ley 13.985 y la normativa reglamentaria. La causa fue inicialmente rechazada en primera instancia, pero posteriormente la Cámara de Apelaciones anuló esa decisión y ordenó sustanciar nuevamente el proceso. La Administración reconoció parcialmente el derecho mediante resoluciones administrativas, pero la parte actora cuestiona que estas resoluciones no cubren el período no reconocido y que la normativa reglamentaria (artículo 3 del decreto 149/10) limita indebidamente el monto del subsidio, excluyendo suplementos como antigüedad, riesgo profesional y gastos por uniforme. La cámara concluye que el artículo 3 del decreto n° 149/10 excede las facultades reglamentarias y viola la Constitución, siendo inconstitucional en cuanto proyecta efectos hacia las relaciones jurídicas del litigio. Además, se reconoce el derecho del actor a percibir las diferencias en el monto del subsidio, calculadas sobre la base del haber de un Teniente Primero con 16 años de antigüedad, y se ordena el pago de dichas diferencias con intereses. La sentencia también declara la inconstitucionalidad del artículo 3 del decreto y ajusta el monto a valores actualizados, incluyendo rubros de antigüedad, riesgo y gastos de uniforme, que la normativa reglamentaria había excluido.

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