.................... S/ RECURSO DE CASACION

El actor (el Ministerio Público Fiscal, en el marco del recurso presentado por la defensa del imputado Alan Emanuel Pavón) demanda la revisión de la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal en lo Criminal N° 7 de San Martín, que lo condenó a 3 años y 6 meses por encubrimiento agravado, robo calificado y privación ilegal de la libertad. La Cámara de Casación, tras analizar la admisibilidad y el fondo del recurso, concluyó que no existían errores en la valoración de la pena y que la individualización de la sanción fue proporcional y razonable, en línea con los principios que rigen la graduación de las penas en el sistema penal argentino. Se destacó que las partes no solicitaron en el acuerdo de juicio abreviado la consideración de atenuantes y que la fijación de la pena fue ajustada a los parámetros de culpabilidad y proporcionalidad. También se remarcó que la discrecionalidad del juez en la graduación de la pena no constituye un motivo de casación, salvo casos de irracionalidad o desproporción manifiesta, lo cual no ocurrió en este caso. La sentencia de primera instancia fue confirmada, rechazándose el recurso de casación interpuesto y sin costas debido a lo dispuesto en el art. 531 del CPP. FUNDAMENTOS PRINCIPALES: "De acuerdo con el análisis del recurso, se observa que el embate de la defensa se centró en cuestionar la mensuración de la pena aplicada, alegando que no se valoraron atenuantes que podrían haber reducido la sanción. Sin embargo, en el acuerdo de juicio abreviado, las partes no solicitaron ni alegaron circunstancias atenuantes, y el juez tuvo la facultad discrecional de fijar la pena dentro de los límites legales, atendiendo a las pautas de culpabilidad, proporcionalidad y reinserción social. El tribunal señaló que 'la determinación de la pena supone un complejo de decisiones relativas a diferentes operaciones intelectuales, las cuales no tienen un orden sistemático, más es inevitable que se parta desde el marco penal que surge de la subsunción de la conducta en un tipo penal específico' (Lurati, Carina, 2008). Además, se sostuvo que la discrecionalidad judicial en la graduación de las sanciones, en ausencia de irracionalidad o desproporcionalidad, es una facultad que no puede ser revisada por casación. La Corte Suprema ha establecido que 'el ejercicio por parte de los magistrados de sus facultades para graduar las sanciones dentro de los límites