Legajo Nº 30 - IMPUTADO: VERNI, HUGO ENRIQUE Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION
Los imputados solicitaron la suspensión del juicio a prueba, pero el tribunal la rechazó al considerar válida la oposición fiscal por la gravedad del hecho y la condición de funcionarios públicos de los acusados. La Cámara de Casación anuló la decisión y ordenó un nuevo pronunciamiento, al entender que los imputados no revisten la calidad de funcionarios públicos y que la oposición fiscal no se basó en razones legítimas de política criminal.
Solicitud de suspensión del juicio a prueba
¿Qué se resolvió?
La Cámara Federal de Casación revocó la decisión que había rechazado la suspensión del juicio a prueba y ordenó un nuevo pronunciamiento, al considerar que los imputados no revisten la calidad de funcionarios públicos y que la oposición fiscal no se fundó adecuadamente en razones de política criminal.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
- Los imputados no son funcionarios públicos sino empleados privados contratados por una empresa de verificación automotor.
- La oposición fiscal no se basó en razones legítimas de política criminal vinculadas al caso, sino en aspectos que no constituyen impedimento legal para la suspensión del juicio a prueba.
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