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Legajo Nº 1 - IMPUTADO: ZABALA, NELIDA BEATRIZ s/LEGAJO DE CASACION

La defensa promovió recurso de casación contra la decisión que rechazó su planteo de inconstitucionalidad y la incorporación de la condenada al régimen de libertad condicional. La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el recurso de casación.

Recurso de casacion Codigo penal Principio de progresividad Ejecucion de la pena Libertad condicional Resocializacion Ley 23 737 Ley 27 375


¿Quién es el actor?

Defensa particular de Nélida Beatriz Zabala

¿A quién se demanda?

-

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Cuestionar la constitucionalidad del artículo 14 inciso 10 del Código Penal y el artículo 56 bis inciso 10 de la Ley 24.660, incorporados por la Ley 27.375, que impiden el acceso a la libertad condicional a los condenados por ciertos delitos de la Ley 23.737.

¿Qué se resolvió?

Por mayoría, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el recurso de casación, considerando que la regulación cuestionada no resulta violatoria de derechos y garantías constitucionales. En disidencia, la jueza Ledesma propuso declarar la inconstitucionalidad de las disposiciones citadas, por considerar que afectan el principio de progresividad y el fin resocializador de la ejecución de la pena.

¿Cuáles son los fundamentos principales?


- El Tribunal Oral rechazó el planteo de inconstitucionalidad por considerar que la restricción establecida por el artículo 14 inciso 10 del Código Penal no resulta violatoria de derechos y garantías constitucionales.
- La Cámara consideró que la declaración de inconstitucionalidad es un acto de suma gravedad que procede sólo cuando la repugnancia de la norma con la Constitución es manifiesta, clara e indudable, y que en el caso no se verifica tal situación.
- Coincidieron en que el legislador tiene la facultad de declarar la criminalidad de los actos y fijar las penas correspondientes, correspondiendo sólo a los tribunales el control de constitucionalidad.
- En disidencia, la jueza Ledesma consideró que las limitaciones establecidas en los artículos 14 inciso 10 del Código Penal y 56 bis inciso 10 de la Ley 24.660 atentan contra la progresividad y el fin resocializador de la ejecución de la pena, sin justificación razonable.

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