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ROBAS MARIA ESTER c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS

La actora reclamó reajustes en su prestación previsional. La Cámara Federal de la Seguridad Social modificó parcialmente la sentencia de primera instancia y ordenó aplicar los criterios jurisprudenciales para el recálculo de la Prestación Básica Universal.

Inconstitucionalidad Seguridad social Prestacion basica universal Reajuste prestacion previsional Actualizacion remuneraciones Razonabilidad art 9 y 25 ley 24 241


¿Quién es el actor?

María Ester Robas

¿A quién se demanda?

ANSES

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Reclamo de reajustes en la prestación previsional

¿Qué se resolvió?

La Cámara revocó parcialmente la sentencia de primera instancia y ordenó aplicar los criterios jurisprudenciales para el recálculo de la Prestación Básica Universal, diferir ciertos análisis para la etapa de ejecución de sentencia y rechazar algunos planteos de inconstitucionalidad. La Cámara señaló que, respecto a la actualización de la Prestación Básica Universal, corresponde considerar la incidencia que tiene la ausencia de incrementos de uno de los componentes de la jubilación sobre el total del haber inicial, y constatar si el nivel de quita resulta confiscatorio. Este análisis debe hacerse en la etapa de ejecución de sentencia, utilizando los índices pertinentes. En cuanto a la actualización de las remuneraciones computables, la Cámara indicó que corresponde aplicar las disposiciones legales vigentes al momento de acceder al beneficio, sin aplicar los precedentes "Elliff" y "Blanco" invocados por la actora. Respecto a la razonabilidad de los arts. 9 y 25 de la ley 24.241, la Cámara se remitió al precedente "Gualtieri" de la Corte Suprema, donde se sostuvo que permitir que el trabajador que cotizó solo por una parte de su salario obtenga una prestación que incluya sumas por las que no contribuyó, constituiría un subsidio contrario a la protección del esfuerzo contributivo. En relación a otros planteos de inconstitucionalidad, la Cámara los rechazó por no cumplir con los recaudos exigidos por la jurisprudencia para declarar la inconstitucionalidad de una norma. Finalmente, la Cámara impuso las costas por su orden en la alzada y reguló los honorarios de la dirección letrada de la actora.

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