ARRIPE, MARIA GISELA Y OTROS c/ EN-M SEGURIDAD-PFA s/PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LAS FFAA Y DE SEG
La demandada apeló la intimación judicial de acompañar partida presupuestaria y depositar sumas adeudadas. La Cámara Contencioso Administrativa declaró mal concedido el recurso de apelación por considerar que el monto cuestionado no supera el mínimo legal para habilitar la apelación.
¿Qué se resolvió en el fallo?
La actora promovió una demanda contra el Estado Nacional en materia de personal militar y civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. En primera instancia, el juez intimó a la demandada a acompañar documentación presupuestaria y a depositar sumas adeudadas, bajo apercibimiento de ejecución. La demandada apeló esa decisión. El juez de primera instancia desestimó el recurso de revocatoria pero concedió la apelación subsidiaria. La Cámara Contencioso Administrativa analizó que, conforme al art. 242 del CPCCN y la Acordada 10/2024 de la Corte Suprema, el monto cuestionado de $1.722.169,57 no superaba el mínimo legal de $2.100.000 para habilitar la apelación. Por ello, declaró mal concedido el recurso de apelación.
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