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TELEFONICA DE ARGENTINA SA C/ MUNICIPALIDAD DE MORON S/PRETENSION ANULATORIA

Telefónica Móviles Argentina S.A. promovió demanda de nulidad contra la resolución del Juzgado de Faltas N°1 de la Municipalidad de Morón que aplicó sanciones por supuesto incumplimiento en un procedimiento de defensa del consumidor. La Cámara hizo lugar a la apelación, revocó la sentencia de grado y declaró la nulidad de la resolución administrativa del 23/1/15 por vicios en la causa y en el procedimiento, imponiendo costas a la Municipalidad.

Proceso contencioso administrativo Nulidad Procedimiento administrativo Defensa del consumidor Ley 24.240 Ley 13.133 Incomparecencia injustificada Vicio de causa Impugnacion de sancion municipal Costas.

¿Qué se resolvió en el fallo?

Actor: Telefónica Móviles Argentina S.A. (identificada en autos como Telefónica de Argentina S.A. por error material). Demandado: Municipalidad de Morón. Objeto: Pretensión anulatoria de la resolución dictada por el Juzgado de Faltas N°1 de la Municipalidad de Morón de fecha 23/1/15, en el Expediente Administrativo N° 4079-15362/14, que impuso multa de $10.000, condenó al pago de una Canasta Básica Total (art. 40 bis Ley 24.240), ordenó publicación y reposición de tasa administrativa. Decisión: Se hizo lugar al recurso de apelación, se revocó la sentencia de primera instancia y se declaró la nulidad de la resolución administrativa del 23/1/15 por vicios en la causa y en el procedimiento; se impusieron las costas de ambas instancias a la Municipalidad de Morón; se difirió regulación de honorarios.
- Fundamentos principales de la decisión (transcripción de párrafos relevantes del fallo, tal como obra en la sentencia): "En estos términos, corresponde concluir que la infracción al art. 48 de la Ley N° 13.133 no se ha configurado, y que el acto administrativo, en cuanto la tuvo por acreditada, padece de un vicio en su elemento causa que fulmina su validez, cuyo alcance habrá de precisarse en los considerandos que siguen. El primer agravio, con ese alcance, prospera." "En efecto, la Ley N° 13.133 no ha estructurado el procedimiento sancionatorio como una secuencia de trámites intercambiables. La instancia conciliatoria que sus arts. 45 a 47 imponen abrir una vez recibida la denuncia constituye la etapa en la que el requerido toma contacto directo con el reclamo, conoce su alcance concreto, puede componerlo con el denunciante y, en su defecto, delinear su posición frente a los hechos que se le atribuyen antes de que se formule el auto de imputación. Recién agotada esa instancia sin acuerdo -o mediando incomparecencia justificada
- el procedimiento habilita el tramo represivo. De allí que el acceso del requerido a esa audiencia no configure una formalidad accesoria, sino un recaudo esencial del iter que la ley diseñó. Y cabe recordar que el procedimiento constituye uno de los requisitos esenciales del acto administrativo (arts. 103, 104 y 108 de la Ordenanza General n° 267/80), de modo que su transgresión no se proyecta sobre un capítulo aislado del decisorio sino sobre todo lo actuado en su consecuencia." "Podría sostenerse que las infracciones a los arts. 4°, 8° bis y 19 de la Ley N° 24.240 constituyen imputaciones sustantivas autónomas, ajenas a la incomparecencia, y que su suerte debe examinarse por separado sin que la caída de la restante las arrastre. Tal temperamento, sin embargo, no puede prosperar. Es que la autonomía de esas imputaciones es meramente formal. Todas ellas fueron comprobadas en el marco del mismo procedimiento cuya invalidez se ha declarado, y respecto de todas ellas la firma fue privada de la instancia legal oportuna para ejercer plenamente su defensa sustancial sobre los hechos denunciados. La invalidez del procedimiento inicial contamina de forma insalvable la comprobación posterior de cualquier infracción, pues la Administración no puede tener por acreditados los extremos de fondo de un reclamo respecto del cual impidió al requerido pronunciarse en la sede que la ley le reservaba."

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