FERRARI MARIA ENRIQUETA C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - EMPL.PUBLICO

¿Qué se resolvió en el fallo?

Demandante: Ferrari María Enriqueta, empleada pública. Demandado: Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. Objeto de la demanda: Reconocimiento del derecho a percibir bonificación por antigüedad del 3% respecto de la totalidad de años de servicios prestados, con liquidación retroactiva de sumas no prescriptas, sus intereses y costas. La actora solicitó la declaración de inconstitucionalidad de las leyes y decretos que redujeron o eliminaron dicha bonificación. Decisión del Tribunal: Se hizo lugar a la demanda, reconociendo el derecho a la bonificación del 3% en todos los años computados, declarando inconstitucionales las normas impugnadas (leyes 11.739, 11.905 y similares, y decreto 240/96). Se ordenó liquidar y pagar las diferencias a valores actuales con intereses. Fundamentos principales: 1. Caracterización de la disminución como reducción salarial: El Tribunal rechazó el argumento fiscal de una "modificación hacia el futuro" sin reducción de haberes. Estableció que, siendo los magistrados excluidos de tales medidas "por razones de índole constitucional" relativas a la intangibilidad de sus remuneraciones, era evidente que las medidas implicaron una disminución salarial. Como señala la sentencia: "Si los magistrados fueron dejados aparte de tales 'modificaciones' -tal y como surge de la propia lectura de las normas citadas arriba
- en virtud de la garantía constitucional de intangibilidad de sus remuneraciones, es autoevidente que las medidas en estudio implicaron una disminución salarial." 2. Incumplimiento de requisitos para reducción salarial: Conforme jurisprudencia de la CSJN ("Guida", "Müller", "Tobar"), el Estado puede reducir salarios solo ante situaciones excepcionales de emergencia, con efectos generales, carácter transitorio y sin resultar confiscatorio. El Tribunal concluyó: "En el caso de autos, los antecedentes de la causa, normas citadas y sus fundamentos, evidencian con claridad la ausencia de, al menos, dos de esas condiciones: no hubo una situación excepcional de emergencia (no fue así declarado independientemente de los fundamentos de la ley 11.739 sobre la crisis mundial) y no fueron de carácter temporario, lo cual surge del propio texto de las normas, pues al día de hoy nueve años se siguen abonando con la disminución." 3. Violación del principio de progresividad y no regresividad: El Tribunal enfatizó la protección constitucional local del principio de progresividad (art. 39, inc. 3° Const. Pcia.). Citando a la CSJN: "El principio de progresividad impone que todas las medidas estatales de carácter deliberadamente 'regresivo' en materia de derechos humanos requieran la consideración 'más cuidadosa', y deban 'justificarse plenamente'". Concluyó: "Si se había llegado en 1995 a que se bonifique la antigüedad en un 3%, su disminución implica un retroceso en aquello que fuera conquistado, incompatible con la cláusula constitucional citada." 4. Inconstitucionalidad del decreto 240/96: Aunque las leyes dejaban a salvo a los magistrados (diferenciación razonable), el decreto resultó inconstitucional al asimilar a todos los dependientes del Poder Judicial con nivel salarial 20, incluyendo no magistrados. El Tribunal expresó: "El citado DR resulta ilegítimo por contraponerse a las normas que establecieron la disminución aquí cuestionada, e inconstitucional, por violar la cláusula de igualdad, al asimilar -con el objeto de exceptuarlos de las medidas adoptadas
- a todos aquellos dependientes del Poder Judicial con nivel salarial 20, sean o no jueces." 5. Rechazo de la prescripción: El Tribunal desestimó la prescripción al considerarlo un "hecho continuado en tiempo", renovándose el plazo periódicamente desde cada período mensual liquidado en menos. Aplicó el plazo bienal del nuevo CCyC (art. 2562), permitiendo reclamar sumas devengadas con posterioridad a dos años antes de la interposición de la demanda.