CEPEDA SERGIO ROBERTO C/ INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA PROV. DE BUENOS AIRES Y OTRO/A S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - EMPL.PUBLICO

Quién demanda: Sergio Roberto Cepeda, empleado de la Administración Pública Provincial.

¿A quién se demanda?

Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires e Instituto de Previsión Social (IPS) de la Provincia de Buenos Aires.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

El reconocimiento del derecho a percibir bonificación por antigüedad al 3% respecto de la totalidad de años de servicios prestados, con declaración de inconstitucionalidad de normas que la redujeron o eliminaron (leyes 11.739, 11.905 y similares, y decreto 240/96), más reconocimiento retroactivo de sumas no prescriptas, intereses y costas.

¿Qué se resolvió?

El Tribunal hizo lugar a la demanda, reconociendo el derecho a liquidar y pagar la bonificación por antigüedad al 3%, declarando inconstitucionales las normas impugnadas. Se ordenó el pago en valores actuales con intereses desde el devengamiento. Se rechazó la excepción de prescripción total y se aplicó prescripción parcial con plazo bienal desde el reclamo. Fundamentos principales de la decisión: El Tribunal estableció que las reducciones de la bonificación por antigüedad (de 3% a 1% en 1997, luego 2% en 2005, retornando a 3% en 2006) implicaron disminuciones salariales efectivas, no meras modificaciones futuras. Esta conclusión se sustenta en que magistrados y jueces fueron expresamente excluidos de estas medidas por razones de intangibilidad constitucional de sus remuneraciones: "Si los magistrados fueron dejados aparte de tales 'modificaciones' -tal y como surge de la propia lectura de las normas citadas arriba
- en virtud de la garantía constitucional de intangibilidad de sus remuneraciones, es autoevidente que las medidas en estudio implicaron una disminución salarial. Tan es esto así que el propio decreto 240/96 se dictó bajo la consideración de que '...a los fines de la Ley citada y por razones de índole constitucional, no corresponde considerar incluidos en el Concepto de Personal de la Administración Pública a los Magistrados y miembros del Ministerio Público del Poder Judicial'." Para validar una reducción de salarios del Estado, la Corte Suprema Nacional estableció requisitos que no se cumplieron: situación excepcional de emergencia, carácter general, vigencia transitoria para el futuro y que no sea confiscatoria. El Tribunal concluyó: "En el caso de autos, los antecedentes de la causa, normas citadas y sus fundamentos, evidencian con claridad la ausencia de, al menos, dos de esas condiciones: no hubo una situación excepcional de emergencia (no fue así declarado independientemente de los fundamentos de la ley 11.739 sobre la crisis mundial) y no fueron de carácter temporario, lo cual surge del propio texto de las normas, pues al día de hoy nueve años se siguen abonando con la disminución." Especialmente relevante resultó la consagración constitucional del principio de progresividad en materia laboral (art. 39, inc. 3 Constitución Provincial), que establece un piso de protección del cual no se puede retroceder: "Así, la progresividad establece un estándar básico o piso de protección, a partir del cual es posible acrecentar o extender un derecho, más no desconocerlo o disminuirlo, lo que se conoce como 'principio de no regresividad'." El Tribunal invocó la jurisprudencia de la Corte Suprema Nacional sobre obligaciones positivas del Estado: no solo debe adoptar medidas para mejorar derechos laborales, sino abstenerse de interferir en aquellos ya alcanzados. La reducción del 3% al 1% representó un retroceso incompatible con el PIDESC y la Constitución Provincial. Respecto al decreto 240/96, si bien diferenciar a magistrados tiene sustento constitucional, resultó inconstitucional por violar la cláusula de igualdad al asimilar a todos los dependientes del Poder Judicial con nivel salarial 20, aunque no fueran jueces. Solo la cualidad de magistrado constituye circunstancia relevante, no el nivel salarial. Con relación a la prescripción, el Tribunal consideró que se trata de un hecho continuado: cada mes de liquidación deficiente reinicia el plazo de prescripción. Aplicando la doctrina de la SCBA ("Ledesma"), para diferenciales salariales de empleo público rige el plazo bienal del art. 2537 CCyC (no decenal), contado desde la interposición de la demanda o reclamo administrativo. Así, solo prescriben sumas devengadas más de 2 años antes. El monto se liquida a valores actuales calculados al momento de aprobación de la liquidación, con intereses al 6% anual desde cada devengamiento hasta determinar valor actual, y luego la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires.