ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. c/Dirección General de Aduanas, s/recurso de apelación
El artículo 1.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos no reconoce a las personas jurídicas como titulares de los derechos consagrados por dicho tratado, por lo que no es aplicable en casos en que el sujeto procesal sea una persona jurídica.
¿Qué se resolvió en el fallo?
Se analizó la apelación presentada contra una resolución administrativa que exigía el pago de tributos y multas a una aseguradora en calidad de garante derivado de una infracción aduanera vinculada al incumplimiento de obligaciones en una importación temporaria. Se discutieron aspectos procedimentales tales como la validez y duración del procedimiento sumarial, la interrupción y suspensión de la prescripción, y la aplicación adecuada del debido proceso constitucional. En el fondo, se examinó la suficiencia y adecuación de la prueba documental aportada para demostrar la cancelación de la destinación aduanera, la aplicación correcta de percepciones tributarias adicionales y derechos adicionales, así como la competencia de la administración aduanera para exigir dichos tributos. El Tribunal analizó estándares respecto de la prescripción, la interpretación jurídica de normas aduaneras en relación con la documentación técnica requerida para justificar la reexportación de mercadería importada en régimen temporario, y la jurisprudencia aplicable en materia tributaria y procedimental garantía.
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