ARISTA CLAUDIO PABLO C/ SERVICIO PENITENCIARIO BONAERENSE y otro/a S/ PRETENSION ANULATORIA - EMPL.PUBLICO

¿Qué se resolvió en el fallo?

El actor, Claudio Pablo Arista, demandó la nulidad de las resoluciones que confirmaron su sanción de retiro absoluto por parte del Servicio Penitenciario Bonaerense y el Ministerio de Justicia. Alegó vulneraciones al derecho a la defensa, violaciones al debido proceso, falta de motivación y exceso de plazo en la tramitación del sumario, que habría operado la prescripción de la acción disciplinaria. Argumentó que desde 2007, año del hecho, hasta 2022, momento del dictado de la resolución final, transcurrieron más de 15 años sin resolución efectiva, lo que vulnera derechos constitucionales e internacionales. La demandada sostuvo la legalidad del proceso y la validez de la sanción, señalando que la conducta del agente justificaba la medida y que la instrucción estuvo en curso. La Cámara concluyó que el proceso administrativo excedió los plazos razonables y la prescripción operó, anulando las sanciones y ordenando la reincorporación del actor, además de reconocer el pago de haberes retenidos y una indemnización por daño patrimonial. Fundamentos principales: "El transcurso de más de 15 años desde la comisión del hecho hasta la resolución sancionatoria configura una dilación injustificada que vulnera los derechos constitucionales al debido proceso y a la tutela efectiva, en línea con la doctrina de la Corte Suprema y la jurisprudencia local. La normativa aplicable establece un plazo de prescripción de cinco años para sanciones de retiro absoluto, y en el caso, ese plazo fue superado claramente." "El acto ad referendum o de aprobación posterior carece de aptitud para interrumpir la prescripción, dado que se trata de un mero acto preparatorio sin efectos jurídicos definitivos. La falta de decisión oportuna por parte de la Administración, sumada a la prolongada inactividad procesal, produce la extinción de la potestad sancionatoria." "En consecuencia, la acción disciplinaria está prescripta y corresponde declarar la nulidad de las resoluciones sancatorias, ordenar la reincorporación del agente, y el pago de haberes retenidos e indemnización por daños patrimoniales, en virtud del principio de reparación integral."