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GONZALEZ JOSE LUIS C/ GONZALEZ GABRIEL OSCAR S/ ACCION REIVINDICATORIA

La Cámara declaró la caducidad de instancia por inactividad procesal del actor, y ordenó su costas, tras constatar el transcurso del plazo razonable sin impulsar el proceso.

Caducidad de instancia Inactividad procesal Plazo razonable Accion reivindicatoria Normativa c.p.c.c. Jurisprudencia scba Corte interamericana Costas Impulso procesal Resolucion 3694/12.

¿Qué se resolvió en el fallo?

El actor, GONZALEZ JOSE LUIS, demanda en acción reivindicatoria a GONZALEZ GABRIEL OSCAR. La Cámara inició análisis sobre la caducidad de instancia, considerando la normativa del art. 315 y 316 del C.P.C.C., y la jurisprudencia de la Suprema Corte y la Corte Interamericana, concluyendo que, tras la inactividad del actor y el transcurso del plazo razonable, corresponde declarar la caducidad. La sentencia señala que: "De las constancias de autos surge que ante la intimación y notificación ordenada con fecha 4/9/2024... el accionante se presenta en tiempo y forma el día 9/9/2024, manifestando su voluntad de seguir con el trámite...". Sin embargo, posteriormente, se constató que pasó el plazo previsto por el art. 310 inc. 3º del C.P.C.C., desde la providencia del 6/5/2025, y que la actividad judicial se encontraba en plena apertura, sin motivos que justifiquen inactividad. La Corte aplicó la normativa y doctrina, y declaró la caducidad, con costas a cargo del actor, y ordenó la intimación para pautas regulatorias. Fundamentos principales:
- La caducidad de instancia se configura por inacción y transcurso del plazo razonable (conf. Ac. 38.598, 70.553, 87.882).
- La intimación del art. 315 del C.P.C.C. busca que la parte manifieste su voluntad y produzca actividad útil.
- La actividad judicial se mantiene en plena apertura, sin motivo justificado para la inactividad del actor.
- La decisión se apoya en la normativa del art. 316 y la resolución 3694/12 de la SCBA, y en el fallo "Furlan y familiares vs. Argentina".
- La inactividad prolongada, sin impulso del actor, implica la caducidad, protegiendo el interés público y la eficiencia del proceso.

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