CABRERA JORGE Y OTROS C/ MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA PCIA. DE BS. AS S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - EMPL.PUBLICO
La Cámara de La Plata confirmó la sentencia que reconoce el derecho de los actores a percibir la bonificación por antigüedad del 3%, invalidando en forma definitiva las normas que la redujeron y calificando como inconstitucionales los recortes salariales por leyes y decreto impugnados.
- Quién demanda: Jorge Cabrera y otros actores (nombre completo)
¿A quién se demanda?
Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Reconocimiento del derecho a la liquidación con bonificación del 3% por antigüedad en todos los años laborados, con retroactividad y pago de intereses
¿Qué se resolvió?
La Cámara hizo lugar a la demanda y reconoció el derecho a la bonificación del 3%, considerando inconstitucionales las leyes 11.739, 11.905, sus similares y el decreto 240/96, por afectar derechos adquiridos y vulnerar la igualdad y progresividad constitucionales, además de rechazar la prescripción alegada por la demandada
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"La cuestión que ahora se discute, tuvo como inicio la ley 11.739, de presupuesto para el año 1996, cuyo artículo 42 estableció 'que el año 1996 no será computado para acreditar antigüedad a los efectos de las bonificaciones por tal concepto...'. La reducción del porcentaje de bonificación por antigüedad desde 3% a 1% y luego su disminución definitiva en 2005 a 2% constituyen una vulneración del principio de progresividad y de la cláusula de igualdad, además de afectar derechos adquiridos de los actores. La jurisprudencia y doctrina citadas sostienen que las medidas regresivas en derechos laborales, sin condiciones excepcionales y de carácter temporal, son inconstitucionales y suponen un retroceso en los derechos conquistados. La normativa impugnada, por su extensión en el tiempo y su carácter permanente, vulnera la protección constitucional de derechos adquiridos y principios de progresividad y no regresividad." "Asimismo, la interpretación del decreto 240/96 resulta ilegítima al contraponerse a las leyes que establecieron la reducción de la bonificación, vulnerando la igualdad entre dependientes del Poder Judicial y otros agentes públicos, pues la diferenciación basada en la condición de magistrado no resulta razonable ni fundada en una causa constitucional válida." "Por otra parte, la prescripción de la acción fue rechazada por tratarse de un hecho continuado, ya que las diferencias en la remuneración se mantuvieron durante años y siguen devengándose, por
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