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CORDOBA HECTOR ALBERTOC/ TRANSPORTES SUYAY SRL Y OTROS S/DESPIDO

La Cámara de Morón confirmó la procedencia de la demanda por despido y condenó a la empleadora a pagar una importante suma por indemnización, sostuvo la inexistencia de acto fraudulento o abuso por parte de los socios, y rechazó la responsabilidad solidaria.

Indemnizacion Actualizacion monetaria Inconstitucionalidad Relacion laboral Responsabilidad societaria Despido incausado Dnu 70/2023 Causal de abandono Interes y costas.

¿Qué se resolvió en el fallo?

El actor, Hector Córdoba, demandó por despido sin causa y por incumplimiento en la registración de la relación laboral, reclamando indemnización y otros rubros derivados de su relación laboral con Transportes Suyay S.R.L. La demandada negó la existencia del vínculo, alegando abandono de trabajo y registración correcta, y rechazó las pretensiones del actor. La prueba documentada, incluyendo recibos de sueldo, constancias de alta y baja en AFIP, y comunicaciones telegráficas, evidenció que el contrato laboral inició el 23/07/2008 y finalizó el 26/10/2009, con una remuneración efectiva de $6.000, y que la relación fue interrumpida por despido directo por abandono de trabajo, ocurrido el 20/11/2009. La pericia contable y las testimoniales acreditaron estos hechos, descartando la existencia de actos fraudulentos por parte de los socios y confirmando que la extinción del vínculo fue en base a la causal de abandono de trabajo, no probada por la empleadora. La sentencia sostuvo que la demandada no logró demostrar el abandono alegado, y que el despido fue injustificado, por lo que se condenó a pagar indemnización, salarios caídos, preaviso, vacaciones proporcionales, y otros conceptos, por un monto total de aproximadamente 29 millones de pesos. Además, se intimó a la demandada a entregar certificados y certificados de aportes. La Corte reafirmó la nulidad del DNU 70/2023 y las restricciones constitucionales a los decretos de necesidad y urgencia, ratificando la constitucionalidad del método de actualización monetaria mediante índice RIPTE y rechazando la inconstitucionalidad del art. 7 de la Ley 23.928.

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