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SCHWAB JUAN CARLOS C/ ANGELUCCI ARIEL GERMAN S/ DESPIDO

La sentencia condenó a Ariel Angelucci a pagar una suma significativa por despido y otros conceptos, confirmando la improcedencia de las excepciones del empleador y aplicando actualización monetaria conforme a la doctrina legal vigente. La resolución se fundamenta en la acreditación de la relación laboral y la inconstitucionalidad de normas que impiden la actualización de créditos laborales.

Indemnizacion Actualizacion monetaria Inconstitucionalidad Despido Certificados de trabajo Fondo de desempleo Multa art. 80 lct Ley 22.250 Convenio colectivo 76/75 Relacion laboral construccion

¿Qué se resolvió en el fallo?

La causa gira en torno a la existencia de una relación laboral entre Schwab y Angelucci desde marzo de 2013, en el rubro de la construcción, bajo la normativa del régimen especial de la ley 22.250 y los convenios colectivos correspondientes. La sentencia acreditó que el actor fue un trabajador jornalizado en diversas obras, en categoría de oficial especializado, con tareas que no alcanzaron a demostrar funciones de supervisión o jerárquicas de capataz, y que la relación se dio por finalizada en octubre de 2021. El tribunal analizó la documentación, testimonios y registros contables, concluyendo que la relación laboral fue efectiva, que la fecha de ingreso fue en marzo de 2013 y que la terminación ocurrió en esa misma fecha, con pago de liquidación final. Se rechazaron las pretensiones de indemnización por despido, por entender que la normativa aplicable es la ley 22.250, que regula las relaciones en la construcción, y que la terminación del vínculo fue en ese período. Se condenó al empleador a pagar la suma de $9.195.423,93, incluyendo intereses y actualización monetaria por RIPTE, declarando la inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928, que impedían la actualización del crédito. Además, se condenó a la parte demandada a entregar certificados de trabajo y a pagar multa por incumplimiento, en atención a la normativa de la ley 24.013 y la ley 15.057, considerando la inconstitucionalidad de las normas restrictivas. La sentencia también dispuso costas y honorarios en función del resultado.

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