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SANCHEZ MIGUEL OMAR C/ CASA DEL ENFERMO MARIA B DE CESTONI Y OTROS S/ DESPIDO

El tribunal rechazó las pretensiones de extensión solidaria y diferencias salariales, y condenó a la entidad a pagar una suma de $590.129,00 por despido, además de intereses y costas. La resolución fundamenta la inexistencia de responsabilidad solidaria y la validez del vínculo laboral acreditado.

Indemnizacion Prueba testimonial Relacion de dependencia Responsabilidad solidaria Despido Vinculo laboral Registro laboral Irregularidad registral Honorarios. Sancion ley 25.323

¿Qué se resolvió en el fallo?

El actor, MIGUEL OMAR SANCHEZ, demandó a CASA DEL ENFERMO MARIA B DE CESTONI ASOCIACION CIVIL y SILVINA INES ROMAN por despido. La parte actora alegó que desempeñó tareas como empleado bajo relación laboral, con salario de $55.000 mensuales, en condiciones de irregularidad registral, y que fue despedido el 22/12/2022 tras notificación por falta de registración. La demandada Román afirmó que su relación con la institución fue de carácter voluntario, no laboral, y que no existía vínculo formal. La prueba testimonial, especialmente la declaración de Alvarez, fue contundente en acreditar la existencia del contrato laboral y las tareas realizadas por el actor en beneficio de la entidad. La declaración de la testigo fue clara y precisa al identificar al actor en el establecimiento y describir sus funciones, consolidando la relación laboral. Los testimonios de los empleados anteriores a 2019 y 2021 no desvirtúan la vinculación en 2022, ya que no conocían al actor durante esa fecha. La jurisprudencia citada y los telegramas de intimación evidencian la negativa de la demandada a regularizar la relación y la omisión de documentación legal. La sentencia concluye que la relación laboral fue acreditada y que la negativa de registrarla constituye incumplimiento sancionable, por lo que se reconoce la existencia del vínculo y la procedencia de las indemnizaciones, incluyendo la antigüedad, preavisos, vacaciones, salario de noviembre, SAC proporcional, y sanciones por falta de registración. Se rechazan las diferencias salariales por insuficiencia probatoria y la responsabilidad de Román por no estar justificado su carácter de administradora. La condena total, incluyendo intereses, suma $1.531.988,00. Las costas se imponen a la demandada vencida, y se regulan honorarios en los porcentajes y montos establecidos, con comunicación a los profesionales.

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