Logo

GIL ADRIAN LEONARDO C/ LUBO RUBEN RAFAEL S/ DESPIDO

El tribunal dictó sentencia favorable a Gil Adrián Leonardo en su reclamo por despido sin registrar, condenando a Rubén Rafael LUBO a pagar aproximadamente 5.073.876 pesos en indemnizaciones y otros conceptos, además de entregar certificados laborales. La decisión se fundamentó en la acreditación del vínculo laboral, la inexistencia de registro y la inaplicabilidad de normas que prohíben la indexación, considerando la inflación y la constitucionalidad de los derechos laborales.

El actor, Gil Adrián Leonardo, demandó a Rubén Rafael LUBO por despido sin registración y en condición de rebeldía del demandado, se establecieron hechos claros: que Gil ingresó en 2008 como mecánico en el taller "Beragom Taller" y que su relación laboral no fue registrada, pese a percibir un salario mensual de $50.000. El tribunal consideró acreditado que la relación laboral existió, que la conducta del empleador consistió en negar esa relación, mantener deuda salarial y no presentar certificados de aportes y servicios, en violación a la ley laboral. La declaración de rebeldía del demandado fue interpretada como reconocimiento de los hechos pertinentes y lícitos. La sentencia decidió hacer lugar a la demanda, condenando a LUBO a pagar diversas indemnizaciones (antigüedad, preaviso, integración, vacaciones, haberes adeudados, DNU, doble indemnización, y aumentos por inflación), totalizando aproximadamente 5.073.876 pesos, además de intereses desde el 11/8/2020 y la entrega de certificados laborales en 10 días. La fundamentación legal incluyó los arts. 60, 415, 354, 33, 34, 41, 89 ley 15057, y principios constitucionales, además de analizar la inaplicabilidad de la normativa que prohíbe la indexación, por considerarla inconstitucional ante la inflación y la destrucción del valor del crédito laboral. El tribunal también dispuso costas a cargo del demandado y regularización de honorarios tras la liquidación. Fundamentos principales: La declaración de rebeldía del demandado implicó reconocimiento de los hechos, y la falta de respuesta del empleador sobre la relación laboral llevó a su presunción. La prueba documental y telegráfica confirmó la existencia del vínculo y los incumplimientos del empleador. La sentencia abordó la problemática inflacionaria y la constitucionalidad de la normativa que impide la indexación, concluyendo que la prohibición viola derechos constitucionales y que, en consecuencia, corresponde ajustar el crédito laboral conforme la inflación y declarar la inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928. La liquidación de las indemnizaciones se realizó conforme a los arts. 231, 232, 233

Buscá fallos judiciales y jurisprudencia relevante para tu caso

Accedé a la base de datos más completa de jurisprudencia argentina. Encontrá sentencias de todos los fueros y jurisdicciones, con análisis detallado y keywords relevantes.

Comenzar