PALACIOS RUBEN DARIO C/ GALENO ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. S/ ACCION DE REVISION RES. COMISION MEDICA JURISDICCIONAL LEY 15057

El actor, Rubén Darío Palacios, demanda a GALENO ART S.A. por prestaciones derivadas de un accidente laboral ocurrido el 24/5/2019, en el que sufrió lesiones en la pierna derecha. La sentencia de primera instancia declaró la procedencia de la demanda, condenando a la aseguradora a pagar aproximadamente 20.614.630,80 pesos, por entender que el accidente causó una incapacidad parcial y permanente del 10,12%. La sentencia también declaró la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 25.561 y del decreto 669/2019, por considerar que vulneran derechos constitucionales y principios rectores del sistema de riesgos del trabajo, y que la aplicación del índice RIPTE y la actualización de la indemnización deben ajustarse a parámetros que preserven la incolumidad del crédito del trabajador. La corte sostuvo que la ley 25.561 en su art. 4 y el art. 12 de la ley 24.557, en la versión según la ley 27.348, violan principios constitucionales y no garantizan una reparación razonable de la pérdida de ganancias futuras, por lo que deben ser descalificados. La sentencia también rechazó el planteo de inconstitucionalidad del art. 17 de la ley 27.348. Sobre los intereses, se dispuso un interés puro del 3% anual desde la fecha del accidente hasta la sentencia, y un interés moratorio del promedio de la tasa activa del Banco de la Nación Argentina hasta el pago efectivo. La condena incluye además la obligación de la demandada de depositar el capital en cuenta sueldo del actor, y se ordenó el cumplimiento en los términos señalados en la resolución. FUNDAMENTOS PRINCIPALES: La sentencia fundamentó que las leyes 25.561 y 24.557, en sus artículos cuestionados, violan principios constitucionales de razonabilidad, igualdad y protección del derecho a una retribución justa, en un contexto inflacionario que afecta severamente la reparación de daños por riesgos del trabajo. La Corte citó fallos y doctrina que señalan que las leyes deben adaptarse a las condiciones económicas y sociales cambiantes, y que los sistemas de reparación deben garantizar la incolumidad del crédito del trabajador, sin permitir enriquecimiento sin causa ni abuso del derecho. Se consideró que la aplicación del índice RIPTE y la actualización del daño deben ajustarse a las circunstancias actuales para no menoscabar derechos constitucionales