PALACIOS JOSE OMAR C/ MINISTERIO DE LA SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION ANULATORIA - OTROS JUICIOS

¿Qué se resolvió en el fallo?

El actor, José Omar Palacios, demanda al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires la declaración de nulidad de resolución ministerial que desestimó su solicitud de pago de suplemento por riesgo especial. Refiere que manipula sustancias peligrosas en sus tareas diarias, tales como ácido sulfúrico, y que su contacto con residuos peligrosos justifica el cobro del suplemento. La administración y la Fiscalía de Estado niegan que sus tareas justifiquen tal beneficio, argumentando que no acredita contacto habitual con sustancias peligrosas, que no reviste en dependencias de riesgo y que la normativa aplicable no lo contempla expresamente. La sentencia analiza la normativa vigente, jurisprudencia y la prueba aportada, concluyendo que no se encuentra acreditado que el actor desempeñe tareas en contacto habitual con sustancias peligrosas. La falta de prueba sólida y la insuficiencia de evidencia que respalde la exposición a riesgos específicos llevan al rechazo de la pretensión. Fundamentos principales:
- La ley 13.982 y su reglamentación establecen que el suplemento por riesgo especial se otorga al personal que trabaja en contacto con sustancias peligrosas en dependencias específicas, como la Dirección Prevención de Ecología y Sustancias Peligrosas.
- La jurisprudencia citada, especialmente la causa "Vasirani", indica que la interpretación del beneficio debe hacerse en función del riesgo efectivo y no solo por la dependencia administrativa.
- La prueba aportada no demuestra que el actor tenga contacto habitual con sustancias peligrosas, sino que su labor se inserta en un subescalafón que no contempla expresamente dicho suplemento.
- La carga de la prueba recae sobre el actor, quien no logró acreditar que sus funciones impliquen exposición a sustancias peligrosas de manera habitual.
- La sentencia destaca que la finalidad del beneficio es proteger a quienes efectivamente están expuestos a riesgos, no a quienes solo cumplen funciones técnicas sin contacto directo comprobado.
- Se cita jurisprudencia que sostiene que la ley no debe interpretarse solo en su literalidad, sino considerando su espíritu y finalidad.
- Se rechaza la solicitud de retroactividad, basada en la normativa de la ley 13.982 y el CCCN.
- Se imponen costas a la parte actora y se regula honorarios en función del resultado y la labor desarrollada.